Reunidas las organizaciones representantes de los selvicultores de España y considerando:
1. Que el 67% de la superficie forestal española es propiedad privada y que sus propietarios son responsables de gestionar más de 19 millones de hectáreas en nuestro país.
2. Que la falta de rentabilidad afecta a muchas explotaciones forestales y consecuentemente pone en riesgo su pervivencia para el futuro.
3. Que no existen incentivos y apoyos suficientes a la actividad forestal, ni tampoco una fiscalidad adecuada.
4. Que los largos turnos de producción someten a las explotaciones a abundantes riesgos (catástrofes naturales, incendios, plagas)
5. El bajo valor catastral y de mercado de las tierras rústicas y la situación de despoblación rural.
6. La difícil aplicación de los reglamentos europeos a la diversidad forestal de nuestros territorios y a la compatibilización de usos.
7. La falta de integración de las políticas agrícolas, ganaderas, forestales y las políticas territoriales y ambientales.
8. La falta de un registro actualizado e integrado de todas las explotaciones agrarias con tierras agrícolas, ganaderas y forestales.
9. La falta de un modelo adecuado para las agrupaciones forestales.
10. La necesidad de reforzar el asociacionismo y el reconocimiento de los selvicultores y de sus organizaciones.
11. La necesidad de comunicar a la sociedad y a las nuevas generaciones la cultura forestal.
12. La necesidad de movilizar los recursos forestales e incrementar la actividad forestal para prevenir incendios e incrementar el papel de los espacios forestales en la lucha contra el cambio climático.
13. El indiscutible papel de los terrenos forestales y de sus propietarios en asuntos de carácter estratégico a nivel europeo como el pacto verde, la transición a la bioeconomía, la economía circular, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales, la soberanía energética y su transición a fuentes renovables.
Solicitamos al Gobierno de España:
1. Apoyo a la actividad forestal, como parte de la actividad agraria, que permita avanzar en su profesionalización, y una nueva Ley marco de Fomento de la Actividad Forestal, que promueva:
a. Una fiscalidad adaptada
b. Un marco de seguridad jurídico-económica.
c. Una contabilidad específica y adaptada, que cuantifique la provisión de servicios ecosistémicos.
d. Un nuevo modelo de sociedades con fiscalidad adecuada, que facilite la agrupación de explotaciones forestales, de manera sencilla, y que permita acceder al Registro de la Propiedad y actualizar el Catastro en áreas forestales.
e. Un nuevo marco de apoyos públicos al sector, que promueva el Contrato Territorial u otras figuras similares.
f. El fomento de líneas de crédito y de seguro específicas y adaptadas a las peculiaridades de la inversión forestal (largo plazo, amplios periodos de carencia, multifuncionalidad y riesgo)
g. Una simplificación y armonización de las normativas que afectan a la actividad forestal.
2. El reconocimiento del importante papel de los selvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos, y en particular en la conservación, mantenimiento y mejora de la biodiversidad y el patrimonio natural, la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la provisión de agua, la regulación del ciclo hidrológico y las inundaciones y el control de la erosión y la desertificación. Y, por tanto:
a. Que la legislación básica forestal y de conservación de la naturaleza se simplifique e incentive la actividad selvícola en el manejo de los sistemas y ecosistemas forestales como herramienta imprescindible para la prevención de incendios y para la generalización de la gestión forestal sostenible.
b. Que se ponga en marcha una financiación pública adecuada de la actividad forestal activando el Fondo Forestal Nacional y que se habiliten mecanismos para la materialización de los pagos por servicios ambientales.
c. Que se ponga en marcha una comisión coparticipada entre las distintas Administraciones con competencias en el régimen de propiedad y los representantes de los propietarios forestales para esclarecer y depurar la titularidad de la propiedad forestal.
d. Que se articule un pacto nacional por los bosques que supere la visión y actuación cortoplacista y la óptica urbano centrista y que asegure la supervivencia y viabilidad económica de los montes.
3. Una campaña de comunicación relevante, de alcance nacional, que traslade a la sociedad la relevancia y el sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal.
Solicitamos a la Junta de Castilla y León:
1. El reconocimiento de las organizaciones de propietarios forestales como agentes clave en el mantenimiento de un medio rural vivo y en la consecución de un paisaje rural resiliente incluyéndolos dentro de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras de Castilla y León.
La creación de un censo de propietarios forestales, titulares de explotaciones, paralelo al de agricultores, sometidos a la normativa de representación profesional agraria.
2. Un pacto entre todos los partidos por el sector forestal, que lo sitúe en la agenda política.
3. La modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, para recuperar la integridad del concepto de lo agrario y reforzar los vínculos entre la actividad agrícola, la ganadera y la forestal en la Comunidad.
4. La puesta en marcha de una política de estructuras forestales, integrada en la de estructuras agrarias, orientada a diseñar el nuevo paisaje rural que se requiere, con discontinuidades y diversidad de usos, cubiertas y formaciones, que conduzca a:
a. La reordenación de las explotaciones forestales.
b. Un tamaño de explotaciones razonable.
c. La profesionalización y dinamización de la actividad forestal.
d. Completar el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León, incorporando las forestales.
5. La puesta en marcha de una política de rentas forestales, que haga crecer la renta forestal, como parte de la renta agraria.
6. Un apoyo particular a la actividad ganadera extensiva, que considere la diversidad de las áreas agroforestales, por su valor para la prevención de incendios, y que atienda particularmente al mundo de la dehesa, a las zonas de media montaña, los puertos de montaña y la recuperación de la trashumancia
7. Una campaña de comunicación relevante, de alcance nacional, que traslade a la sociedad la relevancia y el sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal, poniéndola en valor como seña de identidad autonómica de trayectoria secular.
8. Poner en valor la cultura forestal como seña de identidad autonómica de trayectoria secular, y crear un departamento de educación forestal para ayudar a mantenerla, extenderla e innovarla.
En Valladolid, a 19 de octubre de 2022 tras el I Congreso de la Propiedad Forestal
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